Admiten acción popular que busca inhabilitar a Morena y APB-Súmate de las elecciones generales 2025
Manfred Reyes Villa y Eva Copa
Una acción popular podría dejar fuera de las elecciones a las alianzas de Eva Copa y Manfred Reyes Villa. El caso se definirá en audiencia el 23 de mayo.
Una acción popular presentada ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz busca inhabilitar a las alianzas políticas Movimiento de Renovación Nacional (Morena), liderada por Eva Copa, y Autonomía Para Bolivia – Súmate (APB-Súmate), del exalcalde Manfred Reyes Villa, para las elecciones generales del 2025.
El recurso fue interpuesto por el abogado Humberto Vidaurre Castillo contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), argumentando que ambas organizaciones no cumplieron con los plazos mínimos exigidos por la Ley 1096 de Organizaciones Políticas para obtener personería jurídica.
Según el documento presentado, APB-Súmate recibió su personería el 5 de diciembre de 2024, y al 3 de abril de 2025 apenas se habrían cumplido 119 días calendario, uno menos del mínimo requerido de 120 días. Además, se cuestiona que la agrupación perdió su personería anterior como APB y se habría convertido en APB-Súmate sin cumplir los requisitos legales.
En el caso de Morena, el memorial indica que recibió la personería jurídica el 12 de febrero de 2025, con solo 50 días calendario transcurridos al 3 de abril, lo que también estaría por debajo del plazo requerido.
El recurso argumenta que la habilitación de estos partidos violaría el marco legal vigente, y solicita su inhabilitación inmediata para garantizar el cumplimiento estricto de la normativa electoral.
La acción popular fue admitida el pasado 8 de mayo, y la audiencia para su resolución fue programada para el 23 de mayo de 2025, según consta en el documento firmado por los vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Este proceso se suma al complejo panorama político rumbo a las elecciones generales del próximo 17 de agosto, donde distintos actores enfrentan impugnaciones legales y cuestionamientos por el cumplimiento de los requisitos electorales.
