Oviedo revela que el ministro de Justicia tiene una sentencia ejecutoriada que lo inhabilitaría para ejercer funciones públicas
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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sorprendió este miércoles al confirmar públicamente que el titular de Justicia, Freddy Alejandro Vidovic, posee una sentencia ejecutoriada de tres años de privación de libertad por los delitos de favorecimiento a la evasión y cohecho activo, entre otros. Según explicó, la documentación ya fue remitida al presidente Rodrigo Paz, quien deberá definir los pasos a seguir.
Ante la consulta sobre las consecuencias de este antecedente, Oviedo fue categórico:
“No puede ejercer un cargo público. Tener una sentencia ejecutoriada implica la suspensión de derechos ciudadanos.”
La información se originó a partir de una instrucción emitida por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, para revisar los antecedentes judiciales de Vidovic. En esa verificación se constató que en mayo de 2015 el juez Román Cordero, del Juzgado Primero de Instrucción Penal Cautelar de La Paz, homologó un procedimiento abreviado que derivó en la condena, registrada bajo la resolución 192/2015.
Oviedo indicó que Vidovic renunció a la apelación restringida, lo que dejó firme la sentencia y activó la pérdida de derechos políticos, impidiéndole votar, postular o ejercer funciones en instituciones públicas.
El ministro también expresó preocupación por un hecho adicional:
“Me llamó la atención que este antecedente no figure en el Rejap. Será otro aspecto que tendremos que indagar.”
La revelación generó un fuerte impacto político, ya que involucra directamente a un miembro del gabinete del presidente Paz. Por ahora, la decisión final sobre la continuidad de Vidovic en el cargo recae en el mandatario.
🗣️ La versión de Vidovic: denuncia persecución del MAS
Horas antes de las declaraciones de Oviedo, el propio Freddy Vidovic difundió un comunicado en el que aseguró que su sometimiento al procedimiento abreviado en 2015 fue producto de presiones y hostigamiento durante una supuesta persecución política ejecutada en el gobierno del MAS.
Sostuvo que aceptar el juicio abreviado “no fue una admisión de culpa, sino una decisión de supervivencia ante un sistema represivo”.
Vidovic recordó que en aquel periodo trabajaba como abogado —junto al jurista Jorge Valda— en la defensa del ciudadano peruano del caso Belaunde, y denunció que tanto el refugiado como sus defensores fueron detenidos ilegalmente, hostigados y torturados.
Afirmó que jamás ocasionó daño al Estado y que su único “delito” fue ejercer su labor en favor de los derechos humanos.
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