Fiscalía ejecuta operativos simultáneos en YPFB por posibles hechos de corrupción en cuatro departamentos
Recibe noticias, actualizaciones y alertas directamente en tu celular.
Unirme ahora
La Fiscalía Especializada en Anticorrupción, en coordinación con unidades policiales, llevó adelante una serie de intervenciones simultáneas en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, tras la detección de presuntas irregularidades vinculadas al manejo de combustibles, contrataciones públicas y procesos internos.
En La Paz, el equipo fiscal realizó un operativo en la planta de Senkata, donde se identificaron indicios de un manejo anómalo en el despacho de carburantes. Según la investigación preliminar, 14 cisternas con diésel habrían sido liberadas sin cumplir los parámetros técnicos establecidos. Ocho funcionarios quedaron aprehendidos, mientras se amplía la revisión documental en YPFB Logística y YPFB Comercial.
En Cochabamba, se efectuaron registros en oficinas de YPFB, YPFB Redes y YPFB Comercial como parte del caso “Servicio de Catering”, correspondiente a una contratación del año 2021. La denuncia apunta a un servidor público que habría recibido depósitos de la empresa adjudicada, además de presentar un incremento patrimonial no justificado. Durante la intervención se colectó documentación clave y se notificó a testigos, solicitándose reserva de actuaciones por diez días para continuar con actos urgentes.
Desde Santa Cruz, la Fiscalía informó que se mantienen actuaciones en un proceso por Incumplimiento de Contratos, relacionado con supuestas irregularidades operativas y administrativas en YPFB regional. El registro del lugar permitió asegurar documentos y dispositivos electrónicos, además de la aprehensión de seis personas con fines investigativos.
En Oruro, la intervención se centró en denuncias sobre posibles irregularidades en el proyecto de ampliación de almacenaje de combustibles ejecutado por una empresa venezolana. Se detectó que la primera fase del proyecto, valuada inicialmente en 144.244.000 bolivianos, habría tenido pagos superiores a 305.168.695 bolivianos, duplicando el monto previsto. Se precintó la oficina de Asesoría Legal y se aseguró documentación para profundizar la investigación.
El Ministerio Público explicó que todos estos casos se encuentran en fase preliminar y podrían involucrar delitos como Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica, Sabotaje, Negociaciones Incompatibles, Uso Indebido de Influencias y Cohecho. Las comisiones de fiscales continuarán con nuevas diligencias destinadas a establecer responsabilidades y resguardar los intereses del Estado.
Recibe noticias, actualizaciones y alertas directamente en tu celular.
Unirme ahora
